La
Rata[1]
Miles
Christi-
05/08/2020
El
lunes 3 de agosto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo
saber que no vetaría la ley de adhesión de la ciudad de Buenos Aires al
protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) actualizado por el
Ministerio de Salud de la Nación, presentado por el ministro de Salud, Ginés
González García, nada más asumir el gobierno de Alberto Fernández[2].
Según este protocolo, cualquier mujer podrá hacerse abortar con solo alegar que
el embarazo constituye un riesgo para su salud psíquica[3], o
bien que es el fruto de una relación no consentida, sin que deba presentar una
declaración policial o judicial[4]. A
las menores no se les exige contar con la autorización parental[5],
ni siquiera a las niñas de menos de 13 años, quienes, en caso de oposición de
los padres, podrán solicitar el aborto acompañadas por otro “referente
afectivo”, y en caso de no ser esto posible, la última palabra queda de todos
modos en manos del “equipo de salud”[6]. Por
si esto fuera poco, la objeción de conciencia no está garantizada, puesto que,
por un lado, se obliga a los objetores,en todos los casos,a volverse cómplices
o “partícipes necesarios” del aborto, debiendo cooperar indirectamente con su
realización[7]
y, por el otro, se los obliga a realizar el acto mismo del aborto en
determinadas circunstancias[8].
